viernes, 26 de junio de 2009

DERECHO CONSTITUCIONAL DE HUELGA ANULADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR CON SERVICIOS MINIMOS ABUSIVOS.

El Sindicato Profesional de Vigilantes –S.P.V., ha convocado HUELGA INDEFINIDA en el Sector de la Seguridad Privada, junto a los sindicatos profesionales Alternativa sindical, SIPVS-C, STS-A, STS-C y SPS.
El llamamiento de Huelga afecta 100.000 trabajadores en el ámbito nacional, de los cuales 25.000 trabajan en toda Andalucía. Exigimos el cumplimiento de la Ley de Seguridad Privada en todos sus términos, más protección jurídica y erradicar el intrusismo laboral.
La convocatoria de huelga ha sido respondida desde la Secretaria Estado de Seguridad del Ministerio del Interior con la imposición de unos servicios mínimos “claramente abusivos” donde se nos restringe y anula el derecho constitucional de huelga.
LOS SERVICIOS MINIMOS IMPUESTOS son: Para los escoltas el 100 %, (anulación total del derecho de huelga, cuando existe una Sentencia Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de fecha 2 de marzo de 2008 , que ha sido desoída por el Ministerio y al que vamos a denunciar este nuevo atropello de nuestros derechos sindicales, es cuando menos irónico que se nos “considere servicios esenciales para la comunidad a la hora de imponernos los servicios mínimos, donde se nos habla se terrorismo y del derecho a la vida” y sin embargo, no se nos reconozcan estas funciones laborales impuestas a la horas de darnos protección jurídica, pues carecemos del carácter de agentes de la autoridad, carecemos de medios de protección: chalecos antibalas, etc. para realizar nuestro actividad diaria, escoltas, transportes de efectivos en los furgones blindados, etc., y nos dejan a diario a miles de trabajadores en el más absoluto abandono y desprotección personal. El 85% de servicios mínimos para el transportes de fondos y entidades bancarias, el 75% para el personal de vigilancia en centrales nucleares, petroquímicas, refinerías, fábricas de armas, explosivos, suministros de aguas, gas , electricidad, centrales de alarmas, transportes públicos –puertos, aeropuertos, ferrocarriles y centros de telecomunicaciones, y finalmente un 25% de servicios mínimos en hospitales, juzgados y dependencias públicas.
Entendemos que somos un sector privado y no se nos puede exigir que garanticemos la seguridad pública en los términos expresados, (así lo entendió el T.S. en la referida sentencia) pues esta corresponde a todas luces a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nuestra labor es auxiliarles, por lo que denunciaremos esta exigencia impuesta, que conculca gravemente nuestros más elementales derechos constitucionales.
Estamos exigiendo protección al Ministerio de Interior y este desoye nuestras legítimas reivindicaciones, solo por poner un ejemplo, existe una Resolución de la Secretaria Técnica del Ministerio de Interior que impone en los servicios patrulla de vigilancia nocturna la realización de los mismos por pareja y en la gran mayoría de los casos se realiza con un solo Vigilante de Seguridad, cuando estos hechos se denuncian, las mismas quedan archivadas y no se obliga a las empresas de seguridad a cumplir con la ley, es evidente por tanto, que “nos consideran carne de cañón, y nuestra seguridad queda supeditada al poder económico y a la voluntad de quienes nos contratan. Estamos en un “supuesto estado de derecho” donde las normas se cumplen, solo cuando quienes ejercitan dichos derechos tienen las influencias políticas para llevarlas a su consecución, sean o no legales, y todo ello, gracias a un servilismo impropio de una democracia que se enorgullezca de serlo”.
Por las razones expuestas y por otras muchas deficiencias que soportan los trabajadores del sector de la seguridad privada, el próximo día 30 de junio intentaremos llevar a término esta huelga indefinida, con la oposición de un gobierno insensible y de unas empresas de seguridad que solo se ocupan de sus beneficios y no de nuestra seguridad personal.

Antonio Montesinos Ruiz
Secretario General del S.P.V.

Aqui teneis el enlace a la resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad en su integridad